No hay médico para Lucía

Camila muestra la cartilla sanitaria y la documentación de Lucía
Marta Torres/Diario de Ibiza

MARTA TORRES | IBIZA Camila, uruguaya de 24 años, aún se estremece cuando recuerda la escena que vivió el pasado 30 de enero en el servicio de Urgencias del centro de salud de Sant Antoni. Esa noche, pasadas las ocho, su hija mayor, Lucía, de cinco años, tenía un ataque de la otitis crónica que sufre. La niña estaba «llorando, doblada del dolor y agarrándose los oídos» en las sillas de la sala de espera del ambulatorio, afirma su madre. A pesar de que era evidente que la niña necesitaba atención médica y a pesar de que el real decreto 16/2012 garantiza la atención sanitaria de cualquier tipo a los menores de edad, la administrativa que en ese momento estaba en el mostrador no dejó que a la pequeña la viera un médico hasta que la madre no firmó un documento en el que se comprometía a pagar el coste de la atención médica.

Camila firmó el documento (´compromiso de pago entidades y pacientes sin cobertura u obligados al pago´) a pesar de que éste no especificaba la cantidad que deberá abonar. Lo único que quería es que un médico atendiera a la pequeña, a la que llevaron al médico cuando vieron que el dolor no se le pasaría y que el oído le supuraba. Las palabras que le dijo la médico aún retruenan en su cabeza: «Menos mal que la habéis traído porque, si no, le habría reventado el tímpano».
La única opción de la familia era el servicio de Urgencias, ya que la niña, de nacionalidad uruguaya aunque llegó a la isla con apenas cinco meses, tenía la cartilla médica caducada desde el 17 de julio y, cuando su madre acudió a renovarla, a pedir el documento F6, se vio enredada en un laberinto burocrático del que ha tardado siete meses en encontrar la salida. Al mismo tiempo que la cartilla, a Lucía se le caducó el pasaporte. Para tener la primera le exigían el segundo y para actualizar éste necesitaba por una parte unos documentos que dependían del padre de la niña „«vive en Uruguay y no sé dónde»„ y desplazarse a Mallorca o a Barcelona, a la embajada de su país, un gasto que en ese momento no podían asumir. «En el centro de salud de Sant Antoni me insistieron en que sin el pasaporte en vigor a la niña no le podían renovar la cartilla», explica, indignada, Camila, que llegó a España en 2007. Sin esta renovación, Lucía, que hasta julio había tenido garantizada la asistencia sanitaria, se quedó sin tener un pediatra de cabecera. De hecho, la madre asegura que la niña estaba dada de baja en la Seguridad Social.

Esa noche del 30 de enero Camila acudió al servicio de Urgencias amparada por la ley, sabiendo que su hija, por ser menor de edad, tenía derecho a recibir la misma atención sanitaria que cualquier otro niño. «Había estado en la reunión de Médicos del Mundo para crear el grupo de acompañamiento, me había informado, pregunté por el caso de Lucía y sabía que debían atenderla», indica. Eso mismo le repitió una y otra vez a la administrativa, que se mostró inflexible: si quería que atendieran a su hija la única opción era firmar el compromiso de pago. Con los nervios, a Camila incluso se le olvidó, a pesar de que sabía que debía hacerlo, presentar una reclamación formal justo después de firmar el documento. Lo que sí hizo nada más salir del centro de salud fue llamar al teléfono de la red de acompañamiento sanitario (727717550 de 9 a 22 horas y 628467512 a partir de las diez de la noche) para explicar lo que le había pasado y pedir que un voluntario la acompañara para intentar que le renovaran la cartilla a Lucía. «Me tranquilizaron. Me vino muy bien hablar con alguien», agradece.

Camila no entiende la «falta de humanidad» que mostró esa administrativa esa noche. Tampoco que permaneciera inamovible y ni siquiera consultara a ningún superior cuando ella le insistió en que el real decreto garantiza la atención sanitaria a todos los menores independiente de la nacionalidad, de si sus padres tienen los papeles en regla o de los recursos. Menos aún que los responsables sanitarios de Eivissa no garanticen que el personal que permite o no que alguien acceda al médico sepan perfectamente qué prevé la ley y qué no. «La pediatra tampoco entendía que no quisieran dejar pasar a la niña», asegura.

Pocos días después de esa noche le renovaron la cartilla a Lucía. Camila acudió de nuevo al centro de salud de Sant Antoni con una de las voluntarias de la red. Pidió la renovación, presentó el pasaporte, aún caducado (lo tiene en vigor desde la visita del consulado móvil a Ibiza), y no le pusieron pega alguna. La voluntaria intervino cuando estuvo todo solucionado, y únicamente para presentarse a los administrativos y explicarles la labor que está llevando a cabo en la isla la red de acompañamiento auspiciada por Médicos del Mundo con la colaboración de la Plataforma por la Convivencia. Ayer por la mañana Lucía tenía cita con el pediatra. Podrá tenerlas hasta dentro de un año, cuando se vuelva a caducar la cartilla provisional que le han hecho.

A Camila se le hace un nudo en la garganta cuando piensa en cómo se trató a Lucía. «Ya no se trata de humanidad, que también, sino de las leyes. Negarle la asistencia o condicionarla a que se firme un compromiso de pago va en contra del decreto, de la Constitución y de los derechos humanos», insiste Camila quien, además, sufre al ser consciente de las diferencias frente a la Administración de sus dos hijas. Lucía tiene una hermana, Zoe, de tres años, que nació en España y a la que sabe que nunca le pondrán un problema para atenderla en el médico. «Estamos legales aquí. Pagamos todos los impuestos. ¿Por qué le niegan la atención sanitaria a Lucía?», se pregunta la madre, que confiesa que se siente realmente «agotada» por todas las barreras y trámites a los que se enfrenta constantemente. En la cocina de su casa, incluso, tiene una pizarra enorme en la que tiene apuntados todos los trámites burocráticos que debe realizar. «Si se te pasa uno todo son problemas», apunta.
El de Lucía no es el único problema sanitario al que se ha enfrentado su familia. Su madre, residente legal en España desde 2006, sin trabajo y sin recursos, únicamente tiene derecho a asistencia urgente. No la operan de unos pólipos y ha tenido que interrumpir tratamientos médicos porque no puede asumir el coste de todas las medicinas. «Hay que comprarlas cada 15 o 20 días y cuestan unos 50 euros», comenta Camila, que reconoce que toda esta situación hace que su cabeza dé vueltas a cómo solucionarlo. «A veces, incluso, pienso que me gustaría tener lo mismo que mi madre para poder sacarle yo las recetas. Son trampas, es verdad, pero el sistema te induce a pensar en ellas», reflexiona Camila, que recuerda que pasó todo el verano pasado deseando que Lucía no sufriera ningún ataque de otitis.

Esto mismo, rezar para que su sobrino no se pusiera enfermo es lo que ha estado haciendo los últimos meses L., colombiana que lleva casi 20 años en el país y que prefiere mantenerse en el anonimato porque trabaja en el ámbito sanitario. El menor, de 14 años, llegó a la isla el pasado mes de octubre y uno de los primeros trámites de su padre, que lleva doce años aquí, fue acudir a las oficinas de la conselleria balear de Salud, en la Avenida de España, para saber qué tenía que hacer para que su hijo tuviera cartilla sanitaria. «Nos dijeron que si el niño no tenía la nacionalidad española no tenía derecho a ella», señala su tía, voluntaria de la red de acompañamiento.

Esta mujer critica que en ese momento no les indicaran que el menor podía tener una cartilla provisional, con la que le asignarían un médico de cabecera. Así, durante meses, cuando el adolescente se ha puesto enfermo le han atendido en casa. «Por suerte, nada grave», comenta su tía. Ella misma, explica, ha estado asegurándose de que durante todo el invierno se abrigara a conciencia. «No está acostumbrado a este frío. Viene de un país en el que la temperatura media es de 24 grados todo el año», justifica.

«No fue hasta bastante más adelante cuando nos enteramos de que los menores tienen derecho a recibir atención sanitaria», explica. Ella misma solicitó que una voluntaria les acompañara para asegurarse, después de lo que les habían dicho en las oficinas de la conselleria, de que no les ponían pegas para asignarle un médico a su sobrino. Ahora esta colombiana se ha sumado a la red de acompañamiento sanitario. De momento, colgará carteles informativos y se asegurará de que todos los inmigrantes, «tengan o no papeles», sepan que sus hijos tienen garantizada la atención médica. «Algunos creen que no es así y ni siquiera preguntan», asegura. «Todos ellos deben ir al centro de salud y solicitar el F6 para sus hijos», añade L., que afirma que cuando llegó a España no se imaginó jamás que llegaría el día en que tuviera que «pelear por esto». «Es una vergüenza que esté pasando esto», insiste, pidiendo a los profesionales sanitarios que «se acojan a su conciencia» y atiendan a todas las personas que lo necesiten, especialmente a los niños. «No hacerlo es una falta de humanidad. Quiero pensar que los que lo impiden lo hacen por falta de información, no por mala fe», concluye.